Era 2018 cuando Yasuri Potoy, con apenas 20 dólares y una mochila ligera, tomó un bus rumbo a Costa Rica. No fue una decisión planeada, sino un acto para salvar su vida y proteger a su madre del dolor de verla en prisión. Ese año, la represión en Nicaragua había alcanzado su punto más violento, y brindar ayuda médica a las víctimas de las protestas era considerado un crimen.

En abril de 2018, estalló en Nicaragua la crisis sociopolítica cuando la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió con violencia a las manifestaciones sociales provocadas por la falta de acción ante el incendio de la reserva Indio Maíz y las fallidas reformas a la seguridad social impulsadas por el gobierno sandinista. Esta represión dejó al menos 355 personas asesinadas, según informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A Potoy, una mujer trans nicaragüense y estudiante de último año de licenciatura en enfermería, le tocó ver cómo los agentes paramilitares progubernamentales agredían violentamente a las personas en las manifestaciones cívicas. “Aquello despertó en mí un llamado de conciencia. Decidí integrarme en las brigadas médicas para brindar atención y contención a las personas heridas”, relató.

Cuando las protestas fueron aplacadas por la represión, ella pensó que podría retomar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), pero una notificación frustró sus aspiraciones.

“Había sido expulsada de la universidad. Me comuniqué con la Secretaría Académica, con una profesora con la que tenía una buena relación, y su respuesta fue: ‘¿Cómo fue posible que le hicieras esto a la universidad?’. Nunca obtuve una explicación sobre las acusaciones en mi contra”, cuenta.

La UNAN-Managua, una universidad estatal en Nicaragua, expulsó a una parte de los estudiantes que participaron en las protestas antigubernamentales.

Todo parecía caer

La principal meta de Potoy era graduarse y “entregarle ese diploma de licenciada a mi madre, quien trabajaba en labores domésticas para apoyarme”, relata.

Sin embargo, el 20 de agosto de 2018, una carta del secretario general de la UNAN-Managua, Luis Alfredo Lobato, dirigida al director de Registro Académico de esa alma máter, confirmaba la expulsión de alrededor de 82 estudiantes que participaron en las protestas.

Posteriormente, tuvo que abandonar su país por temor a las detenciones arbitrarias que desató el gobierno sandinista tras reprimir las manifestaciones cívicas.

Adaptación en Costa Rica

Cuando llegó a solicitar refugio a Costa Rica, señala que en el país vecino del sur no había mucho conocimiento sobre el contexto que vivía Nicaragua. Debido a esto, no pudo continuar inmediatamente sus estudios, ya que las autoridades académicas costarricenses le pedían apostillar sus calificaciones, algo que para quienes huyen de la represión en Nicaragua es una misión casi imposible.

“Intenté ingresar a la universidad pública, pero me enfrenté a la realidad: no tenía redes de apoyo y debía elegir entre estudiar o trabajar para mantenerme y apoyar a mi familia en Nicaragua. Fue una decisión difícil, ya que venía con la ilusión de retomar mis estudios”, relata.

Pero la adversidad no la vencía y actualmente estudia psicología, asegurando que en Nicaragua estudiaba salud física, “pero ahora me enfoco en la salud mental y emocional”.

“Aunque no quiero romantizarlo: estudio después de largas jornadas de trabajo y en condiciones difíciles”, admite, asegurando que los profesionales de la salud mental son necesarios para atender a la población migrante.

Potoy colabora con una organización de derechos humanos en Costa Rica enfocada en mujeres, un espacio laboral que considera parte esencial de su crecimiento profesional y personal.

Un sistema de educación en agonía

Potoy considera que la autonomía universitaria en Nicaragua empezó su agonía antes del estallido social. Desde antes de esas fechas, asegura que vio cómo los bonos de alimentación destinados a su facultad se entregaban a otros estudiantes bajo criterios estrictamente políticos a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Aunque sueña con volver en algún momento a Nicaragua, considera que para hacerlo deben existir tres elementos como mínimo: garantía de no repetición, cumplimiento pleno de los derechos humanos y justicia para los responsables de los crímenes cometidos en el país.

“Quiero decirles a todas las personas exiliadas que nuestra lucha no ha sido en vano. La transformación de Nicaragua tomará tiempo, pero debemos mantenernos firmes en nuestra convicción. El cambio empieza desde ahora, desde cada uno de nosotros”, finaliza.

Yasuri mira hacia el futuro con firmeza: “el cambio empieza ahora”, dice, convencida de que su voz y sus acciones forman parte de la construcción de una Nicaragua justa y democrática. Su historia no es solo la suya, es la de una generación que sueña con volver.